La violencia en Colombia sigue causando estragos, en particular en el departamento de Santander, donde miembros del Clan del Golfo ingresaron a un colegio para intimidar a los profesores frente a sus alumnos. Esta acción desató el pánico en la comunidad educativa y dejó como resultado el traslado de ocho docentes de la región.
La situación es alarmante, ya que la violencia de grupos ilegales no solo se limita a Cimitarra. En el departamento del Cauca, también se reportaron combates entre disidencias de las FARC y el ELN, lo que ha llevado a la suspensión de clases y el confinamiento de la población.
Además, la presencia de elementos explosivos cerca de instituciones educativas en el Cauca ha generado la necesidad de desminado humanitario en la región. La situación es tan delicada que el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) ha emitido alertas para que la población busque refugio en lugares seguros.
Por su parte, el Clan del Golfo ha extendido sus tentáculos a otras zonas del país, como en Codazzi, Cesar, donde la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana debido a la presencia de este grupo ilegal. La orden de uno de sus comandantes de arreciar con las acciones de exterminio social hace que la situación se agrave aún más.
Ante este panorama, es necesario que las autoridades tomen medidas urgentes para garantizar la seguridad de la población y, en particular, de los niños y jóvenes que están siendo afectados por la violencia. Es inaceptable que los grupos armados ilegales estén sembrando el terror en las escuelas y poniendo en riesgo la vida de los docentes y los estudiantes.
Es hora de que se haga un llamado a la comunidad internacional para que se sume a los esfuerzos del Estado colombiano y se implementen políticas efectivas para combatir la violencia en el país. La educación es un derecho fundamental y no podemos permitir que la violencia impida su acceso y desarrollo en Colombia.
