El pasado 25 de mayo, un juzgado de Ibagué impuso una sanción a Gabriela Posso Restrepo, la alta consejera para las juventudes, con cinco días de arresto domiciliario y una multa. La decisión se tomó debido a un caso de desacato de tutela relacionado con unos trinos publicados por Posso en su cuenta de Twitter. Esta medida ha generado controversia y ha puesto en tela de juicio la actuación de la joven funcionaria.
Gabriela Posso Restrepo, de 26 años, es considerada una de las funcionarias más jóvenes de la Presidencia. Sin embargo, se vio envuelta en un problema legal a raíz de unos trinos que publicó en enero de 2023. En dichos trinos, Posso afirmaba haber conocido una denuncia contra la Secretaría General de la Universidad del Tolima, dirigida en ese momento por el abogado Andrés Felipe Bedoya.
La denuncia en cuestión fue publicada por los medios Tolima 7 Días y La Otra Verdad, y estaba relacionada con la supuesta filtración de información de estudiantes de la Universidad del Tolima hacia el Ejército Nacional. Ante esta situación, el secretario Bedoya decidió presentar una acción de tutela contra Camilo Andrés Guzmán, editor jefe de ambos medios, y Gabriela Posso Restrepo. Como resultado de este proceso, un juez ordenó a Guzmán y a Posso rectificar lo publicado.
En abril de este año, la consejera presidencial eliminó sus trinos anteriores y publicó uno nuevo en el que aclaraba que sus publicaciones estaban destinadas a solicitar a las autoridades competentes que investigaran los hechos denunciados por los medios de comunicación. Aseguró que en ningún momento se juzgó a nadie ni se insinuó tener pruebas concretas.
Sin embargo, el abogado Bedoya argumentó que Gabriela Posso no cumplió con la sentencia del juzgado, ya que su rectificación no se realizó en los términos ordenados. Según Bedoya, la alta consejera no mencionó que no tenía “motivos fundados para informar sobre la denuncia” ni hizo referencia a la falta de pruebas para afirmar que “información sensible de estudiantes fue remitida al Ejército”.
Ante esta situación, el mismo juzgado que emitió la orden inicial de rectificación resolvió el 25 de mayo que tanto Camilo Andrés Guzmán como Gabriela Posso incurrieron en desacato de la tutela. Como consecuencia, se impuso una multa de cinco millones de pesos y se ordenó un arresto domiciliario de cinco días.
