En un importante revés para el exalcalde de Bucaramanga y excandidato presidencial, Rodolfo Hernández, la Procuraduría General de la Nación ha impuesto una sanción contundente en forma de destitución e inhabilidad general por 14 años. Esta acción se produce debido a su involucramiento indebido en el proceso de asignación del contrato para el manejo de residuos sólidos a la unión temporal Vitalogic RSU. El Ministerio Público ha concluido que Hernández realizó diversas acciones con el objetivo de favorecer la adjudicación del contrato a dicha entidad, lo cual ha sido considerado como una clara violación a los principios de transparencia y equidad en la contratación pública.
La investigación llevada a cabo por la Procuraduría reveló que el exalcalde Hernández mantuvo contacto directo con los representantes de la tecnología que sería implementada en el manejo de residuos sólidos. Durante estas reuniones, proporcionó información privilegiada sobre los requisitos necesarios para asegurar la adjudicación del contrato, otorgando así una ventaja injusta a la unión temporal Vitalogic RSU frente a los demás competidores en el proceso de selección.
El comunicado emitido por la Procuraduría destaca una reunión celebrada en Bogotá, en la cual Hernández se reunió con representantes de la compañía con el único propósito de conocer la estructura del proyecto que previamente había solicitado. Durante este encuentro, se acordó designar a una persona para elaborar los términos del contrato que asegurarían la selección de la mencionada empresa contratista. Estos actos evidencian una clara intención de favorecer a un determinado oferente, violando los principios de imparcialidad y libre competencia en la contratación pública.
Además, el Ministerio Público encontró pruebas que demuestran que el exalcalde también ejerció presiones sobre el director jurídico de la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB). En su afán de formalizar el negocio de manejo de basuras, Hernández instó al director jurídico a omitir las reglas de contratación y el manual existente. Estas acciones constituyen una clara violación de los procedimientos establecidos y demuestran la falta de ética en la gestión de los recursos públicos.
Consecuencias y perspectivas:
Como resultado de estas acciones, Rodolfo Hernández se enfrenta a una posible muerte política, ya que esta es la tercera sanción que recibe, lo cual conlleva una inhabilidad permanente según la normativa vigente. Sin embargo, su situación final será determinada cuando el Consejo de Estado decida si revisará o no el caso.
Este caso pone de manifiesto la importancia de garantizar la transparencia y la ética en los procesos de contratación pública. La corrupción socava la confianza ciudadana en las instituciones y perjudica el desarrollo y el progreso de un país. Es fundamental que los funcionarios públicos actúen con integridad y se adhieran a los principios de equidad y transparencia en todas sus acciones.
